El contexto: por qué votan ahora

El cantón de Zúrich lleva años con vacancia de alquiler por debajo del 1% y precios que suben más rápido que los sueldos. La consecuencia es lo que ya viven muchos vecinos hispanos en Wallisellen, Schlieren, Dietikon u Oerlikon: visitas multitudinarias a un piso, expedientes con 80 candidatos, alquileres que se renegocian al alza cuando cambia el inquilino y reformas integrales que sacan a familias enteras del barrio donde han crecido sus hijos.

Frente a esa tensión, los votantes del cantón tienen sobre la mesa tres iniciativas con respaldo de coaliciones distintas. El Parlamento cantonal y el Consejo de Estado las rechazan las tres y proponen, en su lugar, contrapropuestas más modestas centradas en simplificar permisos y preavisos. La papeleta del 14 de junio decide cuál de las dos visiones pesa más.

Iniciativa #1 — Acceso a la propiedad (Wohneigentumsinitiative)

Quién la propone: Asociación de propietarios (HEV), con apoyo de UDC.

Qué propondría aprobarla: en los proyectos de construcción en los que participen el cantón o los municipios, el 50% de las viviendas debería destinarse a propiedad y el otro 50% a alquiler. Las autoridades públicas tendrían que vender esos pisos en propiedad sin ánimo de lucro, es decir, a precio de coste.

Argumento a favor: en Zúrich apenas se construyen pisos asequibles para familias de clase media que quieren comprar; casi todo lo subvencionado va al mercado de alquiler. La iniciativa busca abrir un corredor de acceso a la propiedad para sueldos medianos.

Por qué Parlamento y gobierno cantonal la rechazan: consideran que el 50% obligatorio es demasiado rígido y que, aún así, «comprar una vivienda seguiría siendo inalcanzable para quien tiene rentas bajas». No resuelve el problema de quien no llega al pago inicial —los famosos 20% de fondos propios, mitad líquida.

Iniciativa #2 — Construcción cantonal sin ánimo de lucro (Wohnungsinitiative)

Quién la propone: Los Verdes, con apoyo del SP (socialistas) y AL.

Qué propondría aprobarla: crear una institución pública cantonal dedicada a construir, mantener y alquilar vivienda asequible, con una dotación inicial de al menos 500 millones de francos. La misma institución apoyaría a las cooperativas de vivienda mediante préstamos y cesión de suelo en derecho de superficie.

Argumento a favor: añadir parque público al estilo de las grandes cooperativas zuriquesas (que llevan décadas conteniendo precios) sin depender de cada municipio. Es la única propuesta que pone un volumen concreto encima de la mesa.

Por qué Parlamento y gobierno cantonal la rechazan: sostienen que «los promotores privados construyen de forma más eficiente y rápida». Como alternativa proponen una contrapropuesta más liviana orientada a desregular: simplificar permisos, zonificación más flexible y otras medidas para que el sector privado construya más.

Iniciativa #3 — Protección del inquilino (Wohnschutzinitiative)

Quién la propone: Asociación de inquilinos (MV), con apoyo de SP, Verdes y AL.

Qué propondría aprobarla: permitir a los municipios que exijan permiso para demoliciones, conversiones y reformas de edificios de viviendas; y que puedan limitar los alquileres tras sustituciones o reformas profundas. En la práctica, frenar las reformas integrales que hoy se usan para vaciar un edificio y volver a alquilar al doble.

Argumento a favor: evitar los desalojos masivos por reforma (Massenkündigung) que han marcado los últimos años en el cantón, especialmente en barrios con stock antiguo. Da herramientas a las comunas que ya hoy ven cómo se vacía media calle a la vez.

Por qué Parlamento y gobierno cantonal la rechazan: argumentan que pondría freno a la construcción y a la renovación del parque. Como contrapropuesta plantean obligar al propietario a estudiar primero reformas con el inquilino dentro y dar un preaviso mínimo de un año antes de cualquier desalojo por obras.

Qué tienes que mirar tú

Qué pasa después del 14 de junio

Aunque cualquiera de las tres iniciativas saliera aprobada, no entra en vigor al día siguiente. El Consejo de Estado tendría que redactar la ley de aplicación y el Parlamento aprobarla, con un proceso normalmente de uno a dos años. Para quien busca piso en julio, septiembre o diciembre, en términos prácticos casi nada cambia este verano. Lo que se decide es la dirección del cantón para la próxima década: más propiedad accesible, más vivienda pública sin ánimo de lucro y/o más protección al inquilino —o seguir como hoy, con simplificaciones puntuales.